Diálogo y guerra por la paz en Colombia (III)

 

Diálogo y guerra por la paz en Colombia (III)

 

 

Daniel Martínez Cunill

 

En el año 1964, cuando se fundaron las FARC, Dilma Rousseff tenía 17 años, Juan Manuel Santos tenía 13 años, Hugo Chávez tenía 10 años de edad y Rafael Correa sólo tenía un año de vida. El dato cronológico está destinado a subrayar la antigüedad de la guerra civil que vive Colombia y cómo los actores contemporáneos son herederos de un conflicto que se ha extendido por décadas.

 

Otra manera de abordar este aspecto de la temporalidad es señalar que todos los ciudadanos colombianos menores de 48 años de edad han vivido a lo largo de su vida en un país en guerra, cuyas raíces se remontan medio siglo atrás y que no llegan a comprender. Sólo a sufrir.

 

De todas las víctimas, las más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes, que pagan muy duro las consecuencias del conflicto armado y la violencia que de allí deriva. Cientos de miles de menores de edad de las clases más desposeídas de Colombia son objeto de homicidios, violencia sexual, reclutamiento forzado y se ven imposibilitados de acceder a la educación y la salud. Nacen en la violencia, viven en la pobreza y las presiones del conflicto y muchas, demasiadas veces, mueren sin haber llegado siquiera a haberlo comprendido.

 

El derecho de los ciudadanos colombianos a vivir en paz no puede ser una utopía, no puede seguir hipotecado por una minoría privilegiada. Por lo mismo, la voz de los ciudadanos colombianos debería ocupar un papel central en los diálogos.

 

La desarticulación del Estado colombiano

 

La oligarquía colombiana rechaza la idea de una paz donde las FARC no sean derrotadas, porque durante décadas, muy a su pesar, ha tenido que ir cediendo espacios del monopolio estatal a las fuerzas insurgentes y las consideran culpables tanto del grave deterioro que vive su país como de los costos que como clase dominante han pagado.

 

Es más, puestos a sacrificar la legitimidad de las instituciones representativas, tanto liberales como conservadores han estado dispuestos a hacer concesiones y cerrar los ojos ante los crímenes que cometen los paramilitares, por la identidad ideológica que los une y porque son funcionales al proyecto de dominación.

 

Lo singular del caso colombiano, es que la prolongada crisis no ha impedido a Colombia realizar elecciones periódicas y revestir de una institucionalidad formal a sus gobernantes, no obstante que un análisis detallado de las anomalías sobre las que funciona el país permitiría hablar de Colombia como de un Estado Fallido. En efecto, no existen autoridades que puedan reivindicar el control de las instituciones estatales, el uso exclusivo de la fuerza, la observancia de la ley y el pleno control de la rebeldía social.

 

Otra particularidad del caso colombiano es que la polarización del país combina una apariencia de democracia con el rechazo a la violencia y a todas las formas de representación política. Amplios sectores de la población adversan, ya sea a la guerrilla, a los paramilitares o a los partidos políticos tradicionales. La tendencia a la fragmentación social y la devaluación de la representatividad política aumentó porque numerosos parlamentarios terminaron en prisión y otros, igualmente numerosos, han logrado evadir la cárcel pero no la condena de la opinión pública, especialmente en las áreas urbanas.

 

La crisis de representatividad política tiene un impacto de cuidado en la percepción de las pláticas por parte de la ciudadanía que, prejuiciada por los medios de comunicación, tiene como reacción inicial exigir el cese de las hostilidades, como condición previa para dialogar sobre la paz.

 

Esto es una señal de alerta para las FARC, que deben hacer un especial esfuerzo en explicar las razones por las cuales el fin de las hostilidades se encuentra al final de la negociación y no el inicio. Hay grandes asimetrías entre los colombianos sobre la naturaleza del conflicto y en esa medida también lo son las soluciones que proponen y lo que esperan del gobierno y/o la insurgencia y todas esas voces deberían encontrar espacio en la agenda.

 

Negociaciones en Centroamérica, antecedentes y lecciones

Cuando se habla de las experiencias negociadoras de Centroamérica se suele mencionar al Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua en 1979 al mismo nivel del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador en 1980, y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en Guatemala en1982.

El caso del FSLN ameritaría analizarse aparte, puesto que los sandinistas derrotaron a Somoza en el ámbito militar y en el diplomático. Lo que podría agregarse es que tal vez las negociaciones del FSLN con el gobierno estadounidense de la época y los países vecinos hicieron que la derrota diplomática antecedieran en el tiempo a la victoria en el campo de batalla.

Durante el gobierno sandinista en los años ochenta, el gobierno de Estados Unidos financió la Contra(revolución) que como movimiento podría asimilarse a los paramilitares. El ejército sandinista sólo pudo llevar a la Contra a posiciones defensivas porque una victoria militar definitiva implicaba una tarea imposible: Derrotar a Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría.

En ese caso las negociaciones se dieron porque ni la Contra lograría jamás derrocar al gobierno sandinista ni los sandinistas podrían exterminar una fuerza paramilitar financiada y respaldada por una administración norteamericana que incluía el conflicto en su batalla global contra el comunismo. Aunque en efecto las negociaciones llevaron la paz al pueblo nicaragüense, una sobrevaloración de los sandinistas de su capacidad de maniobra política y un grave error en la elección del momento estratégico en que poner fin a los enfrentamientos (y el reclutamiento de jóvenes), terminaron por traducirse en una derrota electoral del FSLN.

Una lección de este caso apunta a que la agenda de las negociaciones por la paz trasciende las necesidades de los actores involucrados directamente en el conflicto y agrega los intereses de las grandes potencias. El llamado de alerta es no confundir las urgentes necesidades de paz y democracia de una Nación, con el discurso oportunista que se escuda en los valores del pacifismo y la democratización para mantener un sistema explotador. Otra lección es que la elección del momento en que se pone fin a las acciones militares requiere de un análisis estratégico objetivo de las fuerzas propias y las del adversario.

En el caso de la guerrilla salvadoreña, que logró ocupar y administrar partes del territorio nacional no fue posible pasar a una ofensiva estratégica que pusiera al gobierno salvadoreño a la defensiva. Es el caso típico de equilibrio de fuerzas donde los guerrilleros supieron combinar sus demandas negociadoras en un tiempo y un espacio adecuado. Desmovilizaron a sus contingentes, conservaron su fuerza política y de masas y ocuparon progresivamente porciones del Estado que la oligarquía salvadoreña no supo conservar.

Hoy el FMLN es un partido político maduro y consolidado que, aunque con altas y bajas, ha ganado la representatividad popular, y en tres décadas llegó a la presidencia de la república y a elegir un numeroso grupo de alcaldes y diputados en todo el país.

En el conflicto guatemalteco, hasta comienzos de los ochenta, la guerrilla pudo lograr una forma de empate, pero una ofensiva contrainsurgente, sangrienta y despiadada, llevó a los guerrilleros a la defensiva y los obligó a un repliegue estratégico a zonas rurales muy aisladas.

Cuando los comandantes guerrilleros guatemaltecos iniciaron conversaciones formales de paz en 1991. Costa Rica y otros “países amigos” impusieron un acuerdo previo para las negociaciones que tenía muchos rasgos de una claudicación. Pero la fuerza guerrillera iba en franca disminución y la disyuntiva era negociar o perderlo todo.

Los elementos más rescatables del caso guatemalteco, como lección para los colombianos es que tanto el cese al fuego, los procedimientos de verificación internacional, y la elaboración de las agendas de acuerdos para el fin definitivo de las hostilidades contó con el involucramiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que creó una misión de observación para Centroamérica.

Conclusiones

 

Colombia está en un momento histórico para alcanzar la paz. Las condiciones actuales  del conflicto y de los actores permitirían que una política de desarrollo agrario integral sobre el acceso y uso de la tierra; la ampliación de la participación política a la ciudadanía abran las puertas para poner fin a las hostilidades.

 

Si se avanza en esa ecuación de esos tres componentes básicos, los problemas de las drogas ilícitas y el mercado negro de armas encontrarán un apoyo internacional que facilitarían su combate y erradicación paulatina.

 

En medio de la guerra hay que darle una opción a la paz.

 

Diálogo y guerra por la paz en Colombia 

(segunda parte)

Daniel Martínez Cunill

El estratega más citado para analizar las guerras y guiar la conducta de los generales en una confrontación es Sun Tzu, filósofo taoísta. Si se analizan con más detención las páginas del Arte de la Guerra se entiende que buena parte de su pensamiento está destinado a la paz, a resolver los conflictos evitando la guerra y, muy importante, respetando la vida y la dignidad del adversario.

Este componente es fundamental en unas pláticas como las iniciadas entre el gobierno colombiano y las FARC, porque la paz sólo será posible si la guerra civil termina sin vencedores ni vencidos. El poder hegemónico del Estado colombiano deberá aceptar que los guerrilleros depongan las armas y reconocerles derechos sin aplicarles acciones punitivas ni sanciones. Por su parte los guerrilleros deberán aceptar la institucionalidad y el ejercicio del monopolio de la fuerza por parte del Estado, sin renunciar por ello a su carácter de luchadores sociales que aspiran al Poder.

Se invertiría así el orden de los factores del clásico planteamiento de Clausewitz "La guerra es la continuación de la política por (con) otros medios", para aspirar a que la paz sea la continuación de la guerra por otros medios, a saber, la política.

Contexto geopolítico continental

En la fase globalizadora del neoliberalismo, entendido como ideología más que como modelo económico, ya no existen conflictos internos “químicamente puros”, ya que las consecuencias y derivaciones de una guerra repercuten en el mercado de armas, en los países vecinos y, en casos como Colombia, en el mercado internacional de drogas con impacto a escala mundial.

La paz en Colombia será una gran contribución al Continente latinoamericano. Concretamente desaparecerán los riesgos de una guerra entre Colombia y Venezuela de consecuencias y derivaciones imprevisibles. Esta eventualidad y amenaza latente tuvo su peor momento bajo el gobierno de Uribe, que no hace mucho reconoció que “le faltó tiempo” para desencadenar la agresión.

Estados Unidos se comprometió de manera cínica y dual en el conflicto colombiano por  su muy cuestionable papel de principal consumidor de drogas en el mundo. Al mismo tiempo, con el progresivo avance de propuestas democráticas de carácter popular y anti-neoliberales en la región, decide convertir a Colombia en un portaaviones, desde el cual sabotear los avances de sus adversarios ideológicos y políticos sudamericanos.

Ya hace décadas Chomsky opinaba sobre la guerra antinarcóticos en América Latina: "La Casa Blanca necesitó tres años para destruir la economía chilena y organizar una fracción golpista contra Salvador Allende. A fin de que no se repita tal experiencia está formando actualmente sus fracciones golpistas -bajo el absurdo pretexto del combate al narcotráfico- para que golpes de estado 'preventivos' se puedan dar cuando la destrucción de la gobernabilidad democrática por el neoliberalismo lo exija". . Rollback I, II y III (1995)

Desde la administración Clinton, EEUU se oponía activamente a que  América del Sur dejara de ser su espacio geopolítico. Gobiernos progresistas agrupados en torno a UNASUR y la propuesta de crear un Consejo de Defensa de la América del Sur demostraban que por encima de sus problemas internos y fronterizos, la región rechazaba la subordinación a Estados Unidos y reivindicaba su propia identidad.

Tanto el rumbo progresista que tomaban los procesos internos como la diversificación de las relaciones comerciales con el resto del mundo preocuparon al gobierno estadounidense. Brasil desarrolló vínculos con Sudáfrica, India y China. Cuando surgen iniciativas  como la integración de las industrias bélicas de Brasil, Argentina y Venezuela, EEUU siente que peligran sus mercados.

Así entonces, el Plan Colombia dista mucho de ser una generosa ayuda militar para combatir el falso binomio Guerrilla terrorista-Narcotráfico. En realidad se trata de un pretexto para mantener bajo control el flujo de estupefacientes y justificar una presencia militar en la región para oponerse a UNASUR y los gobiernos que la componen.

Si la paz de Colombia se extiende a una renovación de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, se abre una fase de distención y cooperación regional que sin duda ayudaría a abatir el fenómeno del narcotráfico. Esta última razón debería servir de aliciente para que el gobierno de México se interesara en respaldar las negociaciones de paz como lo hizo en el pasado.

Colombia y EEUU plantean como una necesidad de que la subversión y el narcotráfico desparezcan. En realidad a las distintas administraciones estadounidenses ambas cosas les han dado un pretexto para militarizar la región e instalar 7 bases militares en territorio colombiano. Al escalar el conflicto hacia Ecuador y Venezuela en centenares de incidentes fronterizos han llevado a que un asunto de seguridad nacional se convierta en una causal de conflicto regional, atentando contra la estabilidad de los países vecinos, de México y Centroamérica.

EEUU se resiste a perder el control de America Latina y sabotea un avance de la paz ya que le arrebatará pretextos para entorpecer los procesos de integración subregionales. Por ello la comunidad internacional haría bien en darles su apoyo a los diálogos como una contribución hacia América Latina.

De la misma manera, la consolidación del gobierno de Hugo Chávez en las urnas y la estabilidad de los gobiernos de Dilma Roussef y Rafael Correa trazan un entorno favorable para la diplomacia y los acuerdos.

Guerrilla, narcotráfico y Derechos Humanos

Los sectores colombianos e internacionales que se oponen a una solución negociada del conflicto argumentan dos cosas: que las FARC tienen vínculos con los distintos cárteles del narcotráfico que han operado en Colombia y que su política de secuestros fue violatoria de los Derechos Humanos.

Es verdad que en las áreas en las que las FARC ejercen el control  no se impide a los narcotraficantes el cultivo y procesamiento de drogas. Al trasiego de la droga la guerrilla cobra a los cárteles el llamado “impuesto de guerra”. El monto de este impuesto es muy difícil de calcular, pero debe elevarse a decenas de millones de dólares al año.

Para las FARC el narcotráfico es un fenómeno económico, político, militar, social y su solución debe descansar en esos mismos factores, acompañado de la definición de EEUU sobre su papel de receptor de la droga. Ya desde 1999 propusieron un plan de sustitución de los cultivos que tendría factibilidad si la paz reina en Colombia. De lo contrario es inviable.

El caso es que este argumento se cae cuando abundan los ejemplos que comprueban que los paramilitares colombianos obtienen mucho más aún del tráfico de drogas para ejercer su rol de contra-guerrilleros de extrema derecha. La larga lista de escándalos que demuestran que el poder corruptor del Narco permeó todas las estructuras del Estado colombiano, incluyendo el Gobierno, a las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y hasta ciudadanos norteamericanos destacados en ese país para combatirlo, inhabilita el argumento y hace aconsejable abandonarlo.

El tema de los secuestros es bastante cuestionable y fue motivo de muchas discusiones entre la izquierda latinoamericana y el Comandante Raúl Reyes, que a cargo de las relaciones internacionales de las FARC llegó a hacer un diagnóstico muy acertado del costo político que los secuestros acarreaban a la guerrilla.

En las últimas etapas en que las FARC recurrieron a esa modalidad, se trataba sobre todo de militares, policías y políticos corruptos, que eran retenidos en calidad de “prisioneros de guerra”. El sutil sofisma no era suficiente y objetivamente afectó la imagen de las guerrillas farianas, debilitando en parte sus reclamos sobre el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH). El caso más mediático y controvertido de secuestros, fue el de la política colombo/francesa Ingrid Betancourt que vino a sellar el destino de los secuestros como acción guerrillera.

Las FARC decidieron liberar a los últimos 10 soldados y policías y poner fin a esa práctica en febrero de 2011 y no fue hasta abril del mismo año que se logró concretar gracias a una operación que contó con colaboración del gobierno de Brasil y organizaciones humanitarias.

También esta carga que pesa sobre las FARC se relativiza por la infinita y onerosa lista de violaciones a los Derechos Humanos de parte del gobierno colombiano. Las violaciones y crímenes gubernamentales han sido documentados en todo el mundo, desde las Naciones Unidas hasta la Cruz Roja Internacional, por lo que es irracional esgrimir desde cualquiera de los bandos que la paz esté condicionada a que se ventilen todos y cada uno de los casos.

Si en el proceso de acuerdos de paz ambas partes logran hacer una evaluación de ambos temas y se llega a una postura común, en el que tanto la guerrilla como el Estado colombiano reconozcan sus responsabilidades en el costo humano de la guerra, se habrá avanzado hacia la reconciliación. Que a fin de cuentas es el objetivo último de las pláticas.

Conclusiones iniciales

Después de medio siglo de conflicto interno, en Colombia siguen presentes las causas que lo generaron. El compromiso de hacer frente a la construcción de la paz ya ha superado al gobierno de Colombia y a los insurgentes para recaer también en la comunidad internacional.

Todo el Continente está enfrentado los costos democráticos y de seguridad que la ampliación del conflicto interno lleva más allá de las fronteras.

Los países vecinos y las organizaciones internacionales deben ser actores que den su aporte y en especial generen condiciones para que la sociedad colombiana participe activamente en la elaboración del proyecto de país en el que quiere vivir.

Diálogo y guerra por la paz en Colombia

Diálogo y guerra por la paz en Colombia

 (Primera parte)

Daniel Martínez Cunill

Cuando una guerrilla como las FARC se sienta a dialogar sobre las posibilidades de paz frente a frente con el gobierno de Colombia, además de enviar una señal de búsqueda de una solución negociada del conflicto, indica cual es su lectura del estado en que se encuentra la guerra.

El mismo criterio aplica para el gobierno de Colombia. Sentarse con la guerrilla implica un elemental nivel de reconocimiento de la beligerancia político/militar del adversario y una disposición a buscar soluciones políticas de consenso. Esto sólo es posible si el Estado se siente lo suficientemente seguro y consolidado -en lo político y lo militar- como para intentarlo.

El ideal para iniciar un diálogo de paz es un equilibrio de fuerzas, es decir que ambos contrincantes hayan llegado a la convicción de que no podrán vencer por las armas al adversario. En este caso concreto, que el Estado colombiano esté convencido que no podrá derrotar a las FARC por la vía militar y que a su vez la guerrilla constate que no podrá derrocar al gobierno por medio de la guerra. No obstante es muy temprano para asegurar que esa noción de equilibrio está presente en la actual mesa de negociación, a la que se asoman cautos los negociadores.

Por el contrario, hay indicios claros de que aún es mucha la beligerancia entre ambos bandos. Esa constatación sin embargo puede ser interpretada como un elemento alentador. Si las fuerzas están combatiendo y, a pesar de ello, se sientan a dialogar sin ni siquiera decretar un alto al fuego, es que guardan una razonable esperanza de lograr en La Habana una ruta hacia la paz.

El “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” firmado y divulgado por los delegados plenipotenciarios del Estado colombiano y las FARC-EP contiene las bases necesarias para ello y merece ser respaldado.

A favor y en contra

En estas pláticas, la disyuntiva no es estar a favor del gobierno colombiano o a favor de la guerrilla, la opción es estar por la paz y la dignidad del pueblo colombiano.

Sin embargo, la sola idea de una resolución pacífica del conflicto armado en Colombia desencadena una cascada de reacciones que parten del supuesto de que “por fin las FARC han entendido” la realidad de Colombia. Desde la contraparte también hay voces que consideran que es el Estado colombiano el que ya terminó por entender la insostenible dimensión que adquirió el conflicto.

Detrás del gobierno colombiano están los partidos políticos tradicionales (la oligarquía de liberales y conservadores), la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas (incluyendo los que están en retiro o en la cárcel), la jerarquía eclesiástica y empresarios de todo tipo (incluyendo desde luego a los dueños de los medios de comunicación).

A la inmensa mayoría de los representantes del Establishment (1)  les resulta inaceptable que el gobierno de Santos acepte un proceso de negociación: Sus posturas son reclamar del Presidente y las FFAA una derrota militar de las FARC o, en el peor de los casos, que la guerrilla deponga las armas y renuncie a sus objetivos. El mercado negro de armas y de drogas son otros de los adversarios de la paz, por razones más que obvias.

Más reacios aún a la resolución pacífica del conflicto son la Administración estadounidense y la industria bélica. Ambos beneficiarios de una guerra que se prolonga por más de cinco décadas. Los beneficios del complejo militar-industrial norteamericano son obvios y no necesitan mayor explicación. Cálculos conservadores elevan la ayuda militar de Estados Unidos sobre los siete mil millones de dólares en el marco del llamado Plan Colombia

A favor de una resolución pacífica del conflicto están los colombianos de abajo, los que pagan con sus vidas y las de sus familias la agonía permanente de una nación. Junto a ellos se suman los pueblos de todo el Continente y aquellos que reconocen en la paz y la democracia las fuentes del desarrollo de los pueblos.

Definición del conflicto

Los sectores colombianos más reacios al diálogo político se resisten a calificar el conflicto colombiano como guerra civil porque implícitamente se le otorga estatus político a los actores del conflicto.

La manera en que cada actor entiende el carácter del conflicto, es muy importante. De allí que la discusión de si se trata o no de una guerra civil es decisiva. El conflicto armado colombiano debe considerarse como una guerra civil. Y no se trata de la cantidad de bajas que produce cada año (que se aproxima a las 3,500) sino principalmente porque aun cuando los actores de la contienda utilizan el factor militar como medio, sus objetivos son esencialmente sociales y políticos.

El desafío más importante que tienen los negociadores por la paz es llegar a un acuerdo mínimo del tipo sociedad que esperan construir y los pasos que se darán para lograr que los contendientes acepten un ordenamiento básico que todos respeten.

Probablemente la finalización del conflicto requerirá un momento de protocolo o formalización de acuerdos, otro momento de institucionalización y reincorporación ciudadana de los combatientes y de los derechos políticos y militares que se le reconocerán en una progresiva desmovilización.

El Estado es el poseedor de la hegemonía y en la negociación luchará para incorporar a guerrilleros y sus bases sociales de apoyo a una sociedad en la que ejerce el poder y conserva el monopolio de la fuerza. La guerrilla negociará una salida que no implique una capitulación, que es una forma de derrota militar, y que propicie el reconocimiento de diversas excepciones ciudadanas de orden transitorio que los protejan y garanticen su supervivencia.  Las experiencias históricas de desmovilización en Colombia, que terminaron en masacres y asesinatos selectivos de dirigentes, justifican ampliamente esas medidas de protección.

Estamos hablando de más de medio siglo de guerra en el que se han combinado de diversas maneras las milicias campesinas, la guerrilla, la acción militar del Estado, las  intervenciones extranjeras y el narcotráfico. En los muchos capítulos de esta historia hubo procesos de negociación, unos más exitosos que otros, con grupos desmovilizados que corrieron distinta suerte, pero donde lo más oprobioso fue que muchos de sus miembros fueron asesinados después de la desmovilización.

Por qué es tan difícil alcanzar la paz?

Parece ser que hasta aquí las negociaciones de paz no han alcanzado a madurar porque las partes, más que echar las bases de un proceso pacificador, se sientan a la mesa de las negociaciones buscando medir lo que el adversario piensa, evaluar lo que demanda y hasta donde está dispuesto a ceder o a aceptar. Eso hace de las pláticas de paz un ejercicio táctico más que una acción estratégica. De allí sus debilidades.

Ahora bien, eso no es necesariamente una perversión; es una forma natural de contacto entre dos actores que se han enfrentado por décadas y que tantean un diálogo donde se mezclan vagas ofertas de paz con medición de las debilidades del adversario.

Negociar ideales de justicia social y democracia participativa en un mundo globalizado y reivindicar la soberanía nacional en medio de un orden internacional hegemónico, no son cosas fáciles. Entre otras cosas, esa ruta de negociación implica que en las filas del gobierno colombiano se conciba una opción alternativa a la de infligir la derrota militar al enemigo revolucionario y sea compatible con otras agrupaciones armadas colombianas de diverso signo.

Por el momento, el gobierno colombiano no sólo considera a las FARC como narco-terrorista, sino que además ha logrado que otros países y organizaciones internacionales compartan ese adjetivo descalificador. Parte de la contribución de la comunidad internacional al camino de la paz en Colombia es reflexionar si es apropiado seguir insistiendo en ese tipo de definiciones, que en lugar de facilitar el entendimiento acentúan la contradicción.

A su vez, la guerrilla fariana no ha olvidado ni da señales de claudicar sobre las causas que dieron origen al conflicto y los objetivos políticos, económicos y sociales que sustentan el recurso de las armas. La apertura del campo internacional a respaldar un proyecto con viabilidad material y política sería una gran contribución a la paz de Colombia y a la de toda América Latina.

Insistimos en ambos puntos porque hasta el momento las reacciones internacionales son más bien frías y no demuestran el entusiasmo y compromiso que desataron, por ejemplo, la oposición Libia contra Gadaffi o la actual oposición siria. Un llamado a valorar lo que la paz y la democracia significan para el continente latinoamericano no estaría demás. Con la creciente mundialización de la política ningún lucha nacional, ningún movimiento social interno, es ajeno al contexto internacional.

Conclusiones iniciales

Es posible que el gobierno colombiano y las FARC puedan resistir todavía a la prolongación de la guerra civil. Pero el eje de una negociación por la paz descansa (debería descansar) en que para el pueblo colombiano la contienda ya resulta insostenible. Por esta sola razón, y por las reivindicaciones democráticas y de Derechos Humanos que ambas partes esgrimen, las negociaciones de paz se han convertido en un imperativo moral.

No se tratará entonces de ganar la guerra, sino de ganar la paz, que resulta tanto o más difícil que el conflicto mismo.

(1)    Entendiendo el Establishement como la élite económica e intelectual de una sociedad que pone por encima de sus intereses específicos su rechazo a un cambio social que les arrebate sus privilegios.

Enrique Peña Nieto, protodiplomacia en América Latina

Enrique Peña Nieto, protodiplomacia en América Latina

Daniel Martínez Cunill

 Entre las diversas y pesadas herencias que deja el gobierno saliente, una de las asignaturas más sensibles es la política exterior mexicana, que perdió todo el prestigio y legítimo reconocimiento alcanzado durante décadas, para quedar convertida en su caricatura. Así entonces, el presidente electo y su equipo saben que les espera una compleja tarea en una materia que en el actual mundo globalizado se demuestra como esencial.

Los opositores, de manera pueril, han querido hacer una lectura de fracaso de Enrique Peña Nieto en su gira internacional por América Latina. En realidad el centro del análisis sobre la gira del priista debe centrarse en qué se está buscando con estas visitas por el Continente en los meses previos a la toma de posesión y cuál es el mensaje que envía a los gobiernos y cancillerías.
Protodiplomacia  multilateral
Es evidente que Peña Nieto y su equipo han entendido que, al mismo tiempo que hoy se diversifican los nuevos actores internacionales, las relaciones internacionales adquieren nuevos matices y surgen iniciativas multilaterales  que superan las antiguas fórmulas unilaterales y bilaterales entre los Estados nación. Hoy, si México quiere influir en la escena internacional debe hacerlo en base a la concertación multilateral.
Los primeros pasos de la diplomacia desarrollada por el todavía presidente electo se dan en un mundo de comunicaciones instantáneas, marcado por imperativos éticos y valores compartidos. Entender que hay nuevas normas internacionales que corresponden a una nueva realidad política es lo que permitirá relanzar una política exterior mexicana
El reto actual para países como México, especialmente en su relación con América Latina, requiere asumir que la política mundial y la economía global han de encaminarse  a través de espacios de diálogo multilateral, de negociación internacional y fijación de reglas, en torno a una agenda común.
Que Peña Nieto eligiera entrevistarse con personajes tan disímiles ideológicamente como Piñera y Dilma Rouseff, parece indicar que ha comprendido algo vital: La Nueva política exterior si busca abrir nuevos espacios, debe ir más allá de los intereses de los Estados más poderosos y generar alianzas con todos los Estados y actores internacionales democráticos, que busquen nuevas formas de seguridad y cooperación.
En la gira por América Latina Peña Nieto fue hábil y prudente. Supo diagnosticar el verdadero estado de las relaciones de México con cada uno de sus anfitriones y exponer las eventuales formas de mejorarlas en un marco continental. La prudencia estuvo del lado de no evidenciar que algunas fórmulas de otros países están caducas o son inaplicables en México. Algunos ejemplos son la educación en Chile y la legislación laboral en Argentina. Al mismo tiempo, aunque el caso amerita mayor análisis, la referencia a Petrobras y un eventual simil con Pemex permitió adelantar la idea de un manejo mixto de las fuentes energía.
Los objetivos del viaje fue definidos por el equipo como un intento de dar a conocer  "la posición que México tiene en la región y las posibilidades que tiene como país para constituirnos en un facilitador en las relaciones de los países" y de "construir una agenda multilateral en temas de migración, seguridad y desarrollo económico, además de consolidar vínculos de hermandad en la región y recuperar el liderazgo internacional" de México.
La gira inició en Guatemala, incluyó Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú. Queda pendiente una reunión conjunta con todos los presidentes de Centroamérica donde la agenda urgente son dos conflictos crónicos. El mal trato con los migrantes en tránsito y un plan de desarrollo de la frontera sur mexicana que dé seguridad a las personas y al comercio.
Peña Nieto busca estrechar los lazos con los países de la región con los que México tienen un intercambio comercial y cultural muy importante, y "una relación política" con los jefes de Estado para que "conozcan de primera mano cuales son los objetivos del gobierno entrante y las áreas de oportunidad", indicó el portavoz.
México y Brasil, las dos mayores economías de América Latina, habían mostrado intenciones de alcanzar un acuerdo de libre comercio, pero la decisión en marzo pasado de Brasil de limitar el comercio automotor entre los dos países puso en punto muerto esos planes.
Es comprensible entonces que en una entrevista para la revista brasileña Época, el priista afirmara con sutileza que Brasil es un "socio indispensable en América Latina y un interlocutor sin parámetros en el hemisferio", con el que pretende "consolidar una relación" que tiene "altibajos", pero que presenta "grandes oportunidades" debido a la "capacidad comercial" de ambos países.
Un balance provisional
Que la oposición mexicana, de derecha o de izquierda, evalúe como fracaso la gira de Peña Nieto es comprensible. Pero los argumentos esgrimidos no se sostienen y son más formales que objetivos ya que surgen de un prejuicio y no del análisis.
Desde luego hubiera sido deseable contemplar a Venezuela en la agenda de la gira y queda como otro pendiente, pero ello no arroja sombras sobre la totalidad de la gestión realizada.
En la práctica, Peña Nieto avanzó sus alfiles y sus torres en el tablero latinoamericano, dejando en óptimas posiciones sus principales piezas. Más allá de los encuentros fructíferos con los principales líderes del Continente y empresarios, se dejaron claros mensajes del proyecto que se avecina y las propuestas concretas por dónde caminar unidos. Ambas cosas se habían extraviado en los últimos sexenios.
¿Dónde reside lo fundamental de esta gestión? En que México regresa a un terreno que le es de natural pertenencia y con una propuesta de Diplomacia Multilateral para tratar temas regionales y mundiales. Les habló a países con identidades culturales heterogéneas, pero donde las coincidencias son fáciles de encontrar y potenciar.
Argumentar las asimetrías es asunto del pasado. Lo propositivo es diseñar juntos la superación de las asimetrías entre los latinoamericanos para lograr acuerdos justos. Por ejemplo la relación de Brasil y México deberá residir en la búsqueda conjunta de objetivos, ya que la competencia anularía las mejores posibilidades.
En el caso de México con Centroamérica los procesos de integración regional reclamarán una voluntad expresa de parte de una potencia intermedia que más que abrumar a sus pequeños vecinos procure incorporarlos a su proyecto, otorgándoles una especie de “acción afirmativa” que tenga en cuenta la asimetría ya mencionada.
Tal vez una señal adicional podría ser la incorporación de México como observador en las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, como prueba de compromiso por la estabilidad en el Continente.
Las relaciones internacionales contemporáneas tienen una enorme movilidad de escenarios. Desde el resultado de las elecciones en EEUU y Venezuela hasta una eventual guerra en Siria, todos son factores que pueden reclamar nuevas modificaciones a la propuesta, pero hasta aquí lo avanzado por Peña Nieto indudablemente es promisorio.
Si las siguientes etapas de esta gira en América del Norte y Europa arrojan resultados similares, se habrá logrado un avance significativo, previo a la toma de posesión.