Diálogo y guerra por la paz en Colombia 

(segunda parte)

Daniel Martínez Cunill

El estratega más citado para analizar las guerras y guiar la conducta de los generales en una confrontación es Sun Tzu, filósofo taoísta. Si se analizan con más detención las páginas del Arte de la Guerra se entiende que buena parte de su pensamiento está destinado a la paz, a resolver los conflictos evitando la guerra y, muy importante, respetando la vida y la dignidad del adversario.

Este componente es fundamental en unas pláticas como las iniciadas entre el gobierno colombiano y las FARC, porque la paz sólo será posible si la guerra civil termina sin vencedores ni vencidos. El poder hegemónico del Estado colombiano deberá aceptar que los guerrilleros depongan las armas y reconocerles derechos sin aplicarles acciones punitivas ni sanciones. Por su parte los guerrilleros deberán aceptar la institucionalidad y el ejercicio del monopolio de la fuerza por parte del Estado, sin renunciar por ello a su carácter de luchadores sociales que aspiran al Poder.

Se invertiría así el orden de los factores del clásico planteamiento de Clausewitz "La guerra es la continuación de la política por (con) otros medios", para aspirar a que la paz sea la continuación de la guerra por otros medios, a saber, la política.

Contexto geopolítico continental

En la fase globalizadora del neoliberalismo, entendido como ideología más que como modelo económico, ya no existen conflictos internos “químicamente puros”, ya que las consecuencias y derivaciones de una guerra repercuten en el mercado de armas, en los países vecinos y, en casos como Colombia, en el mercado internacional de drogas con impacto a escala mundial.

La paz en Colombia será una gran contribución al Continente latinoamericano. Concretamente desaparecerán los riesgos de una guerra entre Colombia y Venezuela de consecuencias y derivaciones imprevisibles. Esta eventualidad y amenaza latente tuvo su peor momento bajo el gobierno de Uribe, que no hace mucho reconoció que “le faltó tiempo” para desencadenar la agresión.

Estados Unidos se comprometió de manera cínica y dual en el conflicto colombiano por  su muy cuestionable papel de principal consumidor de drogas en el mundo. Al mismo tiempo, con el progresivo avance de propuestas democráticas de carácter popular y anti-neoliberales en la región, decide convertir a Colombia en un portaaviones, desde el cual sabotear los avances de sus adversarios ideológicos y políticos sudamericanos.

Ya hace décadas Chomsky opinaba sobre la guerra antinarcóticos en América Latina: "La Casa Blanca necesitó tres años para destruir la economía chilena y organizar una fracción golpista contra Salvador Allende. A fin de que no se repita tal experiencia está formando actualmente sus fracciones golpistas -bajo el absurdo pretexto del combate al narcotráfico- para que golpes de estado 'preventivos' se puedan dar cuando la destrucción de la gobernabilidad democrática por el neoliberalismo lo exija". . Rollback I, II y III (1995)

Desde la administración Clinton, EEUU se oponía activamente a que  América del Sur dejara de ser su espacio geopolítico. Gobiernos progresistas agrupados en torno a UNASUR y la propuesta de crear un Consejo de Defensa de la América del Sur demostraban que por encima de sus problemas internos y fronterizos, la región rechazaba la subordinación a Estados Unidos y reivindicaba su propia identidad.

Tanto el rumbo progresista que tomaban los procesos internos como la diversificación de las relaciones comerciales con el resto del mundo preocuparon al gobierno estadounidense. Brasil desarrolló vínculos con Sudáfrica, India y China. Cuando surgen iniciativas  como la integración de las industrias bélicas de Brasil, Argentina y Venezuela, EEUU siente que peligran sus mercados.

Así entonces, el Plan Colombia dista mucho de ser una generosa ayuda militar para combatir el falso binomio Guerrilla terrorista-Narcotráfico. En realidad se trata de un pretexto para mantener bajo control el flujo de estupefacientes y justificar una presencia militar en la región para oponerse a UNASUR y los gobiernos que la componen.

Si la paz de Colombia se extiende a una renovación de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, se abre una fase de distención y cooperación regional que sin duda ayudaría a abatir el fenómeno del narcotráfico. Esta última razón debería servir de aliciente para que el gobierno de México se interesara en respaldar las negociaciones de paz como lo hizo en el pasado.

Colombia y EEUU plantean como una necesidad de que la subversión y el narcotráfico desparezcan. En realidad a las distintas administraciones estadounidenses ambas cosas les han dado un pretexto para militarizar la región e instalar 7 bases militares en territorio colombiano. Al escalar el conflicto hacia Ecuador y Venezuela en centenares de incidentes fronterizos han llevado a que un asunto de seguridad nacional se convierta en una causal de conflicto regional, atentando contra la estabilidad de los países vecinos, de México y Centroamérica.

EEUU se resiste a perder el control de America Latina y sabotea un avance de la paz ya que le arrebatará pretextos para entorpecer los procesos de integración subregionales. Por ello la comunidad internacional haría bien en darles su apoyo a los diálogos como una contribución hacia América Latina.

De la misma manera, la consolidación del gobierno de Hugo Chávez en las urnas y la estabilidad de los gobiernos de Dilma Roussef y Rafael Correa trazan un entorno favorable para la diplomacia y los acuerdos.

Guerrilla, narcotráfico y Derechos Humanos

Los sectores colombianos e internacionales que se oponen a una solución negociada del conflicto argumentan dos cosas: que las FARC tienen vínculos con los distintos cárteles del narcotráfico que han operado en Colombia y que su política de secuestros fue violatoria de los Derechos Humanos.

Es verdad que en las áreas en las que las FARC ejercen el control  no se impide a los narcotraficantes el cultivo y procesamiento de drogas. Al trasiego de la droga la guerrilla cobra a los cárteles el llamado “impuesto de guerra”. El monto de este impuesto es muy difícil de calcular, pero debe elevarse a decenas de millones de dólares al año.

Para las FARC el narcotráfico es un fenómeno económico, político, militar, social y su solución debe descansar en esos mismos factores, acompañado de la definición de EEUU sobre su papel de receptor de la droga. Ya desde 1999 propusieron un plan de sustitución de los cultivos que tendría factibilidad si la paz reina en Colombia. De lo contrario es inviable.

El caso es que este argumento se cae cuando abundan los ejemplos que comprueban que los paramilitares colombianos obtienen mucho más aún del tráfico de drogas para ejercer su rol de contra-guerrilleros de extrema derecha. La larga lista de escándalos que demuestran que el poder corruptor del Narco permeó todas las estructuras del Estado colombiano, incluyendo el Gobierno, a las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y hasta ciudadanos norteamericanos destacados en ese país para combatirlo, inhabilita el argumento y hace aconsejable abandonarlo.

El tema de los secuestros es bastante cuestionable y fue motivo de muchas discusiones entre la izquierda latinoamericana y el Comandante Raúl Reyes, que a cargo de las relaciones internacionales de las FARC llegó a hacer un diagnóstico muy acertado del costo político que los secuestros acarreaban a la guerrilla.

En las últimas etapas en que las FARC recurrieron a esa modalidad, se trataba sobre todo de militares, policías y políticos corruptos, que eran retenidos en calidad de “prisioneros de guerra”. El sutil sofisma no era suficiente y objetivamente afectó la imagen de las guerrillas farianas, debilitando en parte sus reclamos sobre el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH). El caso más mediático y controvertido de secuestros, fue el de la política colombo/francesa Ingrid Betancourt que vino a sellar el destino de los secuestros como acción guerrillera.

Las FARC decidieron liberar a los últimos 10 soldados y policías y poner fin a esa práctica en febrero de 2011 y no fue hasta abril del mismo año que se logró concretar gracias a una operación que contó con colaboración del gobierno de Brasil y organizaciones humanitarias.

También esta carga que pesa sobre las FARC se relativiza por la infinita y onerosa lista de violaciones a los Derechos Humanos de parte del gobierno colombiano. Las violaciones y crímenes gubernamentales han sido documentados en todo el mundo, desde las Naciones Unidas hasta la Cruz Roja Internacional, por lo que es irracional esgrimir desde cualquiera de los bandos que la paz esté condicionada a que se ventilen todos y cada uno de los casos.

Si en el proceso de acuerdos de paz ambas partes logran hacer una evaluación de ambos temas y se llega a una postura común, en el que tanto la guerrilla como el Estado colombiano reconozcan sus responsabilidades en el costo humano de la guerra, se habrá avanzado hacia la reconciliación. Que a fin de cuentas es el objetivo último de las pláticas.

Conclusiones iniciales

Después de medio siglo de conflicto interno, en Colombia siguen presentes las causas que lo generaron. El compromiso de hacer frente a la construcción de la paz ya ha superado al gobierno de Colombia y a los insurgentes para recaer también en la comunidad internacional.

Todo el Continente está enfrentado los costos democráticos y de seguridad que la ampliación del conflicto interno lleva más allá de las fronteras.

Los países vecinos y las organizaciones internacionales deben ser actores que den su aporte y en especial generen condiciones para que la sociedad colombiana participe activamente en la elaboración del proyecto de país en el que quiere vivir.