México
Escenarios para la crisis
postelectoral
Daniel Martínez Cunill
Los recursos y apelaciones que presentó Andrés
Manuel López Obrador, AMLO, candidato de la izquierda, para que las autoridades
electorales mexicanas invalidaran la elección y designaran un presidente
interino, desataron una crisis postelectoral y mantienen en suspenso a México,
a la espera de la resolución definitiva de los resultados.
En el supuesto más probable, el que el candidato
del PRI, Enrique Peña Nieto, sea designado ganador por las instancias previstas
en la ley, se abrirán desafíos para el ganador y para el perdedor.
·
Para el
ganador, el principal desafío será construir la legitimidad que una elección
tan cuestionada le niega.
·
Para el
perdedor, se tratará de diseñar un curso de acción donde negarle a Peña Nieto
la legitimidad, no lo lleve a generar una situación de ingobernabilidad.
El PRI y Peña Nieto
La izquierda le asigna a Peña Nieto intenciones
como la privatización de Pemex, una reforma laboral de corte neoliberal y la de
poner en manos privadas la seguridad social, entre otras. Aún en el caso de que
Peña Nieto tuviera tales intenciones,
las principales figuras políticas del PRI son lo suficientemente experimentadas
para saber que no pueden arriesgarlo todo desde un inicio.
El PRI sabe que el
presidente saliente, Felipe Calderón, hipotecó todo su sexenio y puso a México
al borde de convertirse en un Estado fallido, por equivocarse en sus
prioridades en el 2006, en búsqueda de la legitimidad que la izquierda le
negaba. Es previsible entonces que los priistas elijan un curso de acción paulatino
que no ponga en peligro la costosa victoria.
Como el principal
punto de rechazo de la ciudadanía contra Calderón y el PAN fue su errada estrategia
de combate al narcotráfico, lo más redituable para el PRI sería desarrollar
rápidamente una nueva estrategia de seguridad que proyecte sensación de paz y
estabilidad al país.
El PRI hará todo lo
posible para que las reformas estructurales que impulse logren consenso en el
Congreso de la Unión y negociará con la oposición de izquierda las relativas a
cuestiones sociales (salud y seguridad social, educación y reforma laboral) y
con el PAN las reformas energéticas y hacendarias. La interrogante más grande
es el ritmo y la profundidad con que abordará el PRI las reformas de PEMEX.
Por otra parte es
improbable que, en busca de mejorar su imagen, el PRI desate una acción
mediática llevando ante la justicia algún político sospechoso de malos manejos.
La fórmula del “quinazo” parece agotada y sería un error querer reeditarla
ofreciendo en penitencia las cabezas de uno o dos ex-gobernadores corruptos.
El PRI no regresa por
uno o dos sexenios, el PRI aspira a gobernar otros cincuenta años y en esa
perspectiva buscará consolidar la presidencia de Peña Nieto en una estrategia
de largo aliento. El nuevo PRI, que no es más que el viejo PRI, pero con su populismo
nacionalista y maquiavélico depurado durante doce años, medirá sus acciones y
negociará uno a uno los pasos que dará al inicio del sexenio.
El futuro ya es otra
cosa.
AMLO y los partidos de izquierda.
El reto principal de las fuerzas de izquierda será
mantener una cierta cohesión, en especial en los lugares donde tiene mayorías
parlamentarias o donde ganó el gobierno del estado, como en los casos del D.F.,
Morelos o Tabasco, ya sea reagrupándose en un solo frente, tipo Frente Amplio
de Uruguay o convirtiéndose progresivamente en un nuevo partido, por encima de
sus corrientes, tribus y cacicazgos.
Como sea, lo que no pueden hacer es desgastarse en
conflictos internos y desvincularse del movimiento que crearon y que les dio 16
millones de votos, cifra nunca alcanzada en el pasado.
Respecto a la opción elegida por AMLO, de
buscar la invalidación del proceso electoral, una cosa es argumentar que los
comicios no fueron limpios, pero otra es demostrarlo presentando pruebas que
tengan valor jurídico. Las
interpretaciones políticas y las apasionadas condenas en las Redes Sociales
podrán tener valor mediático, pero no sustentan un llamado a invalidar 50
millones de votos.
Sin duda que los comicios tuvieron pasajes
turbios, pero ni el PAN ni el PRD están exentos de todo pecado y también
incurrieron en algún grado en las mismas prácticas dolosas de las cuales se acusa
al PRI.
Más difícil aún es reclamar la invalidación
parcial de un proceso que se considera adulterado Puesto que la izquierda si le
reconoce validez en el caso de los parlamentarios que eligió al Congreso de la
Unión y de los Gobernadores de izquierda electos, uno de ellos Jefe de Gobierno
de la capital del país.
Si AMLO no logra la anulación de las
elecciones, puede aspirar a convertir el “fraude” - consagrado por las
autoridades venales - en una bandera de lucha en defensa de la democracia, que
de preferencia le dure otros seis años y que él pueda encabezar. Puede también
abrir los espacios en la cúpula de la izquierda para que una bocanada de aire fresco
renueve el enrarecido ambiente que reina entre los tradicionales dirigentes.
La estrategia de convertir el desconocimiento
de la legitimidad de las elecciones en un cuestionamiento permanente a la
legalidad del próximo presidente, y con ello a todo el andamiaje jurídico y
político del Estado mexicano, es arriesgada. El margen de maniobra sin caer en
la subversión es muy estrecho y los caminos de la desobediencia civil son muy
difíciles de controlar.
En ese camino AMLO tendría que:
·
Recurrir
en permanencia a los parlamentarios de izquierda en el Congreso, para ampliar
su margen de interlocución dentro del sistema y
·
Reconstituir
sus muy dañados vínculos con los Movimientos Sociales, que actúan autónomos y
desafiantes y que no sólo no necesitan de su liderazgo sino que lo ponen en
duda.
Aunque algunos de sus apóstoles le apuntan más a
las movilizaciones y tribunas callejeras, si AMLO decide avanzar con un pié en
la agitación social y el otro dentro de la lucha política institucional, el
Congreso de la Unión se revela como el principal escenario para la construcción
de mediaciones y mantener vivo el capital político que logró.
Así entonces, el Congreso de la Unión podría ser
uno de los escenarios de mayor importancia, no sólo por las posibilidades de entendimiento
sino porque allí se decidirán las reformas estructurales que le urgen a México y
la correlación de fuerzas alcanzada por la izquierda le abre excelentes
posibilidades de operación.
Con la actual composición de las dos cámaras del
Congreso de la Unión, nadie reúne suficientes votos como para hacer por si solo
las reformas constitucionales necesarias,
de tal manera que las reformas mencionadas sólo serán posibles mediante la construcción
de mayorías transitorias en función de objetivos específicos.
En este punto es que las disyuntivas de AMLO
adquieren toda su relevancia.
¿Querrá negociar con las fracciones parlamentarias
del PRI, manteniendo la ficción de no reconocer a Peña Nieto como Jefe del
Ejecutivo? En esa hipótesis, cabe preguntarse si AMLO podrá ejercer con fuerza
una oposición parlamentaria, para lo cual necesitará controlar de muy cerca a
sus aliados, de tal manera que no inicien acuerdos que desvirtúen su
desconocimiento a la legitimidad del Presidente.
¿O bien incrementará el carácter de su protesta
hasta forzar una nueva elección? En este caso tendrá que redefinir su relación con
los movimientos de la sociedad civil, con los cuales han mantenido mucha
distancia hasta el momento y sólo ha requerido de ellos el voto y una cierta
subordinación a los intereses electorales de la izquierda tradicional.
La eventualidad de que la crisis se profundice
existe, pero un México que cierra el sexenio al borde del Estado Fallido, es
difícil que pueda hacer frente a un incremento de las contradicciones y de los enfrentamientos. A menos que la
izquierda esté dispuesta a hacer caer el gobierno por otros métodos y sus
adversarios a permitirlo.
Que el PRI acepte una derrota es improbable y que
la izquierda posea la determinación de ir hasta las últimas consecuencias en su
enfrentamiento con el sistema, también. La crisis postelectoral de México amenaza
en convertirse poco a poco en crisis de gobernabilidad.
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